La iniciativa busca dotar a jueces, magistrados y demás integrantes del sistema judicial de herramientas para comprender los beneficios, riesgos y desafíos éticos de la IA.
La decisión marca el inicio de una nueva etapa en la regulación de la movilidad autónoma y establece estándares comunes de seguridad para facilitar su adopción a escala internacional.
El desafío ya no es si la IA formará parte de la enseñanza médica, sino cómo integrarla de manera ética y segura.
El experimento busca analizar las capacidades y limitaciones actuales de los agentes autónomos de inteligencia artificial en un entorno comercial real.
