La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó que más de 1.300 magistradas, magistrados y funcionarios judiciales de América Latina participaron en programas de capacitación destinados a fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos que plantea la incorporación de inteligencia artificial en los sistemas de justicia. Las actividades se desarrollaron en el marco de acuerdos de cooperación con centros de formación judicial de la región y se orientaron a promover el uso responsable de tecnologías emergentes con enfoque en derechos humanos y Estado de derecho.
La expansión de la inteligencia artificial en ámbitos institucionales continúa generando nuevas instancias de formación especializada en el sector judicial. En este contexto, UNESCO, a través de su Oficina Regional en Montevideo, desarrolló durante 2025 diversas iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de operadores judiciales de América Latina frente a los desafíos derivados del uso de sistemas de inteligencia artificial.
Según la información oficial publicada el 10 de abril de 2026, las actividades de capacitación alcanzaron a más de 1.300 magistradas, magistrados y funcionarios judiciales de distintos países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Las acciones se llevaron adelante en coordinación con cortes supremas, centros de formación judicial y organismos institucionales vinculados al desarrollo de estándares jurídicos para el uso responsable de inteligencia artificial.
Las jornadas formativas abordaron tanto aspectos prácticos vinculados al uso de herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito judicial como el análisis de los principios éticos que deben orientar la adopción de sistemas automatizados en procesos jurisdiccionales. Entre los ejes centrales se incluyeron la transparencia en el uso de algoritmos, la supervisión humana en la toma de decisiones, la prevención de sesgos algorítmicos y la protección del debido proceso.
En Brasil, funcionarios judiciales participaron en actividades desarrolladas en colaboración con la Suprema Corte, centradas en el análisis del impacto de la inteligencia artificial en la gestión de expedientes y en los procesos de toma de decisión judicial. En Ecuador, el programa incluyó instancias de formación durante la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados, con participación de representantes de distintos países de la región.
En Argentina se realizaron actividades de capacitación en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de La Plata, donde participaron más de mil operadores judiciales. Asimismo, en Mar del Plata se presentaron las directrices de UNESCO ante la Red de Escuelas Judiciales de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo el análisis de estándares éticos aplicables al uso de inteligencia artificial en la justicia.
En Uruguay, las acciones incluyeron cooperación técnica para la elaboración de lineamientos nacionales y jornadas de capacitación desarrolladas junto al Centro de Estudios Judiciales dependiente de la Suprema Corte de Justicia. En Paraguay, UNESCO brindó asistencia técnica orientada al desarrollo de directrices nacionales sobre inteligencia artificial aplicadas al ámbito judicial.
Estas iniciativas se enmarcan en la publicación de las Directrices globales de UNESCO para el uso responsable de sistemas de inteligencia artificial en tribunales y cortes, documento que propone un marco normativo orientado a garantizar que la incorporación de tecnologías emergentes respete los estándares internacionales de derechos humanos.
Las directrices promueven principios vinculados a la transparencia en el funcionamiento de los sistemas automatizados, la rendición de cuentas institucional, la supervisión humana significativa en procesos decisorios y la prevención de discriminación algorítmica. Asimismo, destacan la importancia de asegurar que la utilización de inteligencia artificial no afecte garantías fundamentales como el debido proceso y el acceso a la justicia.
El desarrollo de capacidades institucionales en materia de inteligencia artificial forma parte de una agenda internacional que busca acompañar la transformación digital del sistema judicial mediante marcos regulatorios compatibles con los principios del Estado de derecho. La adopción progresiva de estas tecnologías requiere, según los organismos internacionales, fortalecer la formación especializada de operadores jurídicos y promover criterios de implementación que prioricen la protección de derechos fundamentales.
La iniciativa impulsada por UNESCO refleja el creciente interés de los sistemas judiciales por comprender el alcance de la inteligencia artificial y establecer mecanismos que permitan integrar herramientas tecnológicas manteniendo estándares de seguridad jurídica, imparcialidad y control institucional.