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El Ministerio de Justicia creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una reforma destinada a simplificar trámites, reducir el uso de documentación física y avanzar hacia un modelo registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano. La medida fue publicada en el Boletín Oficial junto con una modificación del esquema de aranceles registrales.
El Ministerio de Justicia oficializó la creación del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, mediante la Resolución 306/2026, publicada el 7 de julio de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La norma establece que el plan funcionará como un marco político, institucional y sistemático para ordenar la reforma del sistema registral automotor, con el objetivo de avanzar hacia esquemas de gestión más concentrados, eficientes y orientados al ciudadano.
Según los fundamentos de la resolución, el sistema registral automotor acumuló durante décadas una amplia cantidad de trámites, subtrámites, formularios, requisitos diferenciales y circuitos administrativos que generan altos niveles de complejidad para los usuarios y para la administración.
El Ministerio sostiene que la transformación digital no debe limitarse a trasladar trámites existentes a plataformas electrónicas, sino que exige revisar, simplificar, unificar y rediseñar previamente los procesos vigentes.
Tres ejes de reforma
La Resolución 306/2026 establece que el plan se desarrollará sobre tres ejes estratégicos:
- Transformación digital del Sistema Registral Automotor.
- Evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales.
- Implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo sistema registral.
La norma aclara que estos ejes podrán avanzar de manera concurrente o progresiva, sin una secuencia cronológica obligatoria, de acuerdo con las necesidades operativas, técnicas y normativas de cada etapa.
Menos papel y mayor acceso remoto
Uno de los puntos centrales del plan es avanzar progresivamente en la digitalización del acervo documental existente, con el propósito de permitir la disponibilidad remota de antecedentes registrales, incorporar la información a entornos digitales de gestión y reducir la dependencia del soporte físico.
La resolución también vincula esta reforma con la consolidación del Registro Único Virtual (RUV) y del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), herramientas que, según el Ministerio, brindan soporte informático y seguridad jurídica para reducir la presencialidad en los trámites.
Plazo de 30 días para el cronograma
La norma encomienda a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios que, en el plazo de 30 días corridos, proponga un cronograma de implementación a la autoridad de aplicación.
La Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación del plan y queda facultada para dictar normas aclaratorias, complementarias y operativas.
Cambios en el esquema de aranceles
Junto con la Resolución 306/2026, el Ministerio de Justicia publicó la Resolución 308/2026, que modifica aspectos vinculados con la determinación de sumas adicionales en trámites registrales.
La norma incorpora el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como parámetro para calcular determinados conceptos, entre ellos trámites emitidos en el día de su presentación.
Entre los casos previstos se encuentran:
- informes solicitados vía web expedidos dentro de seis horas hábiles;
- transferencias de dominio de automotores inscriptas con documentación emitida en el día;
- transferencias de motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial;
- inscripciones iniciales de dominio;
- trámites peticionados por el Sistema de Trámites Electrónicos —S.I.T.E.— con documentación emitida en el mismo día.
La reforma representa un nuevo paso en el proceso de modernización del sistema registral automotor argentino. Su eje principal es pasar de un modelo históricamente basado en sedes físicas, legajos papel y trámites presenciales hacia un ecosistema digital, interoperable y con mayor capacidad de gestión remota.
Desde una perspectiva jurídica y notarial, el cambio deberá observarse especialmente en relación con la seguridad jurídica, la calificación registral, la conservación documental, la trazabilidad de los trámites, la responsabilidad de los operadores y el acceso ciudadano a la información registral.
El impacto práctico dependerá del cronograma de implementación que deberá presentar la Dirección Nacional en los próximos 30 días y de las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación.
