El World Development Report 2026 incorpora la experiencia del sistema VICTOR del Supremo Tribunal Federal de Brasil como ejemplo de utilización de inteligencia artificial sobre documentación judicial. La experiencia brasileña muestra cómo la IA puede acelerar tareas de clasificación y procesamiento, pero el propio Tribunal establece un límite esencial: sus sistemas funcionan como herramientas de apoyo y requieren supervisión humana.
La utilización de inteligencia artificial dentro de los Poderes Judiciales acaba de recibir una referencia internacional significativa.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) informó el 19 de agosto de 2026 que el Banco Mundial incluyó su experiencia con inteligencia artificial dentro del World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence.
El protagonista es VICTOR, uno de los primeros proyectos de inteligencia artificial implementados por el máximo tribunal brasileño.
El reconocimiento resulta particularmente relevante porque permite observar una aplicación concreta de IA dentro de la Justicia que no consiste en sustituir al juez ni en delegar decisiones jurisdiccionales, sino en utilizar capacidad computacional para procesar y clasificar grandes cantidades de documentación judicial.
VICTOR: inteligencia artificial para procesar recursos
VICTOR nació como un proyecto desarrollado por el Supremo Tribunal Federal en colaboración con la Universidad de Brasília (UnB).
Su utilización estuvo vinculada al análisis de recursos extraordinarios que llegan al STF y, especialmente, a la identificación y clasificación de procesos relacionados con temas de repercusión general.
El propio Supremo explicó posteriormente que VICTOR fue concebido para apoyar “a triagem de recursos extraordinários e a identificação de processos vinculados a temas de repercussão geral”.
En español: apoyar la selección inicial de recursos extraordinarios y la identificación de procesos vinculados con temas de repercusión general.
La diferencia es fundamental: la inteligencia artificial ayuda a organizar y clasificar información judicial. No decide el resultado del proceso.
Una tarea de 40 minutos, realizada en cinco segundos
Uno de los datos más conocidos sobre VICTOR procede del propio STF.
El 23 de octubre de 2018, cuando el proyecto se encontraba en etapa de pruebas, el Tribunal publicó declaraciones del entonces presidente del STF, ministro Dias Toffoli.
Toffoli afirmó que el sistema estaba identificando casos de recursos extraordinarios o agravios en recursos extraordinarios con una exactitud reportada entonces del 85 %.
Y explicó el impacto que podía tener sobre determinadas tareas:
“El trabajo que a un servidor de un tribunal le llevaría entre 40 minutos y una hora, el software lo hace en cinco segundos.”
Traducción propia del portugués.
Esta cifra debe interpretarse con precisión.
No significa que VICTOR pueda resolver un proceso judicial en cinco segundos.
La comparación realizada por el entonces presidente del STF estaba referida a tareas específicas de procesamiento asociadas al proyecto.
Incluso las cifras publicadas por el Tribunal fueron variando según la tarea y la etapa de desarrollo. En septiembre de 2019, por ejemplo, el STF informó que tareas que demandaban en promedio 44 minutos a sus servidores podían ser realizadas por VICTOR en menos de cinco segundos.
Por eso, el dato correcto no es “la IA juzga en cinco segundos”, sino que determinadas tareas de procesamiento documental que requerían decenas de minutos de trabajo humano pudieron acelerarse drásticamente mediante inteligencia artificial.
El Banco Mundial incorpora el caso al debate global
Ocho años después de aquellas primeras pruebas, VICTOR aparece en un contexto internacional mucho más amplio.
El World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence analiza cómo los países —particularmente las economías en desarrollo— pueden aprovechar la inteligencia artificial para aumentar capacidades, mejorar servicios y transformar información pública en recursos utilizables por sistemas tecnológicos.
Dentro de ese análisis aparece la experiencia brasileña.
El informe señala, en traducción propia del inglés:
“En Brasil, por ejemplo, el sistema VICTOR convierte documentos judiciales escaneados en texto legible por máquinas.”
La referencia es importante porque conecta la inteligencia artificial con un problema previo que enfrentan numerosos Estados: los datos deben encontrarse en condiciones de ser utilizados por estas tecnologías.
Los gobiernos poseen enormes cantidades de información administrativa, jurídica, sanitaria, tributaria y social, pero una parte puede encontrarse fragmentada, almacenada en formatos poco estructurados o incluso en documentos originalmente concebidos para lectura humana.
La experiencia de VICTOR ilustra cómo la digitalización y el procesamiento automatizado pueden convertir documentación judicial en información susceptible de análisis computacional.
La eficiencia no equivale a sustituir al juez
Este punto merece especial atención.
Las fuentes oficiales del STF no presentan a VICTOR como un juez artificial.
Su función está vinculada con el procesamiento, análisis y clasificación de información.
Esta distinción se mantiene en la estrategia actual del Supremo brasileño.
En septiembre de 2025, al informar sobre la ampliación de las funcionalidades de su plataforma de inteligencia artificial MARIA, el Tribunal estableció expresamente:
“Tudo que é feito com a inteligência artificial exige supervisão e revisão humana.”
En español:
“Todo lo que se hace con inteligencia artificial exige supervisión y revisión humana.”
Traducción propia del portugués.
El STF explicó además que MARIA puede generar determinados contenidos —por ejemplo, una síntesis o un informe—, pero corresponde al usuario analizar, adaptar y decidir si incorpora ese contenido al proceso.
Es una definición institucional importante: la IA funciona como herramienta de apoyo y la revisión final continúa en manos humanas.
VICTOR fue solamente el comienzo
La experiencia del Supremo brasileño no terminó con VICTOR.
El Tribunal fue incorporando progresivamente otras herramientas.
RAFA 2030
En 2022, el STF desarrolló RAFA 2030 — Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030.
Su finalidad es apoyar la clasificación de procesos según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El sistema utiliza comparación semántica para asistir a magistrados y funcionarios en la identificación de los ODS relacionados con textos de sentencias y peticiones iniciales.
En febrero de 2022, el propio Tribunal informó que, durante determinadas pruebas, RAFA había alcanzado un grado de exactitud superior al 90 %.
Esa cifra corresponde específicamente a las pruebas descriptas por el STF en aquel momento y no debe generalizarse a cualquier utilización posterior del sistema.
VitórIA
En 2023 llegó VitórIA.
Su función inicial fue diferente: agrupar automáticamente procesos por similitud temática o textual.
El STF informó en junio de aquel año que la herramienta tenía capacidad para agrupar aproximadamente 5.000 procesos en alrededor de dos minutos, una tarea que hasta entonces se realizaba manualmente.
El objetivo es facilitar la identificación de procesos que pueden recibir tratamiento conjunto y detectar asuntos susceptibles de convertirse en nuevos temas de repercusión general.
MARIA
La evolución continuó con MARIA, plataforma de inteligencia artificial integrada al entorno digital del STF.
En septiembre de 2025, el Tribunal informó la incorporación de funcionalidades de revisión gramatical y textual, consulta de precedentes y asistencia para determinados documentos y actividades de análisis procesal.
Pero acompañó esa expansión con la regla ya mencionada: supervisión y revisión humana.
El verdadero desafío: disponer de datos preparados para la IA
El reconocimiento de VICTOR dentro del informe del Banco Mundial permite ampliar el análisis más allá del Poder Judicial brasileño.
Uno de los grandes problemas para la incorporación de inteligencia artificial dentro de los Estados no es solamente disponer de buenos modelos.
Es disponer de información adecuada para que esos modelos puedan trabajar.
Digitalizar documentos, estructurar bases de datos, establecer criterios de interoperabilidad y garantizar calidad y seguridad de la información se convierten así en requisitos previos.
Para los Poderes Judiciales esto tiene especial importancia.
Expedientes, resoluciones, escritos, jurisprudencia y precedentes constituyen enormes repositorios de información jurídica.
Transformarlos en datos procesables puede permitir desarrollar herramientas capaces de localizar similitudes, identificar precedentes, clasificar documentos o reducir tareas administrativas.
Pero la existencia de información digital tampoco resuelve por sí sola los riesgos.
El Banco Mundial advierte que evaluar la IA es parte del problema
El World Development Report 2026 no plantea una incorporación indiscriminada de inteligencia artificial.
El informe advierte sobre las dificultades existentes para seleccionar, adquirir y evaluar aplicaciones de IA destinadas a servicios públicos.
En traducción propia, el Banco Mundial señala que la falta de evidencia para seleccionar, adquirir y evaluar aplicaciones de inteligencia artificial limita su potencial para mejorar plenamente la prestación de servicios públicos.
La recomendación tiene especial trascendencia para la Justicia.
No alcanza con determinar que una herramienta realiza una tarea más rápidamente.
También resulta necesario analizar su precisión, calidad de los datos, posibilidad de error, supervisión, seguridad y adecuación al contexto institucional en el que será utilizada.
Una IA jurídica no puede simplemente trasladarse de un país a otro
El informe del Banco Mundial también destaca la importancia del contexto local en determinados servicios públicos.
Esto tiene consecuencias particularmente evidentes para el derecho.
Cada jurisdicción posee su propia legislación, procedimientos, jurisprudencia, terminología e instituciones.
Por eso, que una inteligencia artificial funcione correctamente dentro del Supremo Tribunal Federal de Brasil no significa que el mismo sistema pueda trasladarse sin modificaciones a otro Poder Judicial.
La experiencia sí puede aportar un modelo conceptual: identificar tareas repetitivas y de gran volumen, determinar cuáles pueden ser asistidas mediante tecnología y conservar controles humanos sobre los resultados.
Una experiencia latinoamericana con alcance internacional
La inclusión de VICTOR en el World Development Report 2026 convierte una experiencia desarrollada dentro del Poder Judicial brasileño en un caso observado internacionalmente.
Y posiblemente su enseñanza más interesante no se encuentre solamente en la velocidad.
Desde VICTOR hasta RAFA 2030, VitórIA y MARIA, el STF fue aplicando inteligencia artificial sobre problemas concretos y diferentes: clasificación de recursos, identificación de ODS, agrupamiento de procesos, búsqueda de precedentes y asistencia documental.
No construyó simplemente “una IA para la Justicia”.
Construyó herramientas destinadas a determinadas tareas judiciales.
Esa diferencia puede resultar especialmente relevante para otros Poderes Judiciales de América Latina.
La pregunta estratégica no debería ser solamente “¿cómo incorporamos inteligencia artificial?”
Debería comenzar por otra:
¿qué problema concreto del sistema judicial queremos resolver mediante inteligencia artificial?
Y posteriormente deberían aparecer otras preguntas igualmente importantes: qué datos utilizará el sistema, cómo se medirá su precisión, quién supervisará sus resultados, cómo se documentarán sus errores y qué decisiones permanecerán exclusivamente bajo responsabilidad humana.
La máquina puede acelerar; la responsabilidad continúa siendo humana
El reconocimiento internacional de VICTOR muestra el potencial de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de documentación en tiempos extraordinariamente inferiores a los requeridos por determinados procedimientos manuales.
Pero las propias fuentes institucionales permiten establecer claramente el límite.
VICTOR no juzga.
VitórIA no sentencia.
MARIA no sustituye al magistrado.
Son herramientas destinadas a asistir determinadas tareas dentro de una estructura judicial.
La experiencia brasileña permite entonces extraer una conclusión más importante que la comparación entre 40 minutos y cinco segundos:
la inteligencia artificial puede aumentar la capacidad de procesamiento de la Justicia sin que ello implique necesariamente transferir a una máquina la responsabilidad de decidir.
Ese equilibrio —eficiencia tecnológica, supervisión humana y responsabilidad institucional— probablemente sea uno de los grandes debates que acompañarán la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas judiciales durante los próximos años.
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