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Fecha del hecho y de las declaraciones: 27 de julio de 2026.
Fecha de publicación de la fuente periodística: 27 de julio de 2026.
Fuente principal: MedCity News.
Entrevistada: Meghan O’Connor, socia especializada en derecho sanitario de Quarles & Brady y copresidenta del equipo de inteligencia artificial de la firma.
Los pacientes ya no llegan al consultorio únicamente con una descripción de sus síntomas. Cada vez con mayor frecuencia, llevan también diagnósticos posibles, interpretaciones médicas y recomendaciones generadas previamente por chatbots de inteligencia artificial.
Pero cuando esa información es incorrecta y termina influyendo en una decisión sanitaria, aparece una pregunta que el derecho todavía no ha resuelto de manera definitiva: ¿quién responde por el daño?
Un artículo publicado por MedCity News el 27 de julio de 2026 analiza este nuevo escenario a partir de las declaraciones de la abogada estadounidense Meghan O’Connor, especialista en derecho sanitario e inteligencia artificial. Su advertencia central es contundente: aunque la distribución de responsabilidades todavía permanece abierta, para los profesionales de la salud ignorar la información generada por IA que introduce el paciente puede ser jurídicamente más riesgoso que abordarla expresamente.
El problema ya ingresó al consultorio
La situación planteada no se refiere necesariamente a sistemas médicos aprobados, implantados por hospitales o utilizados oficialmente por profesionales.
El riesgo aparece también cuando el propio paciente consulta por su cuenta una herramienta de inteligencia artificial de uso general, interpreta su respuesta como una orientación médica y luego lleva esa información a la consulta.
El chatbot puede haberle sugerido:
- una posible enfermedad;
- la suspensión de un medicamento;
- la realización de un tratamiento;
- una interpretación equivocada de sus síntomas;
- o la idea de que no necesita atención profesional urgente.
Cuando esa información es comunicada al médico, deja de ser un elemento externo completamente ajeno al encuentro clínico. Pasa a formar parte de los antecedentes y preocupaciones expuestos por el paciente.
Tres posibles niveles de responsabilidad
O’Connor divide el interrogante jurídico en tres grandes niveles: el desarrollador de la inteligencia artificial, el paciente que utiliza la herramienta y el profesional sanitario que posteriormente conoce esa información.
El desarrollador del chatbot
Muchas empresas incorporan advertencias según las cuales sus respuestas no constituyen asesoramiento médico ni sustituyen la consulta con un profesional.
Sin embargo, según la especialista, esas cláusulas podrían no ser suficientes en todos los casos, especialmente cuando la herramienta fue promocionada, presentada o diseñada de una manera que indujera razonablemente al usuario a considerar sus respuestas como orientación diagnóstica.
La eficacia jurídica de una advertencia no dependería exclusivamente de su existencia formal. También podrían analizarse la forma de comercialización, el diseño de la interfaz, el lenguaje utilizado por el sistema y la apariencia de autoridad con la que responde.
El paciente
La posibilidad de responsabilizar al paciente por haber confiado en una respuesta automatizada tampoco resulta sencilla.
O’Connor considera improbable que los tribunales atribuyan automáticamente una parte sustancial de la culpa a una persona por confiar en una herramienta que se presenta con un tono seguro, técnico o aparentemente autorizado.
Esto obliga a observar cómo se comunica la IA con sus usuarios. Un chatbot que expresa una conclusión médica con excesiva certeza podría producir un nivel de confianza superior al que realmente justifica la calidad de su respuesta.
El profesional sanitario
La situación más delicada aparece cuando el paciente informa al médico que ha seguido, considerado o recibido una recomendación incorrecta de un sistema de IA.
A partir de ese momento, la eventual responsabilidad del profesional dependerá de la conducta que razonablemente podía esperarse de otro profesional colocado en circunstancias semejantes.
La especialista resume su recomendación práctica en tres acciones:
“Correct misinformation, document the conversation.”
Traducción:
“Corregir la información errónea y documentar la conversación.”
Además, recomienda tratar los contenidos procedentes de la IA como cualquier otra información aportada por el paciente que contradiga el juicio clínico: abordarla de manera directa y dejar constancia de la intervención realizada.
El silencio puede convertirse en un riesgo
Una de las afirmaciones más relevantes del artículo es:
“Silence is rarely the safer option.”
Traducción:
“El silencio rara vez es la opción más segura.”
La frase no significa que el profesional deba validar, investigar exhaustivamente o incorporar como cierta cada respuesta generada por un chatbot.
Significa que, cuando una recomendación de IA potencialmente incorrecta es expresamente introducida en la consulta y puede afectar la conducta del paciente, ignorarla podría resultar difícil de justificar si posteriormente se produce un daño.
Desde esta perspectiva, la cuestión no es si el médico tiene una obligación general de supervisar todas las consultas digitales que realiza el paciente. El interrogante es más preciso: qué debe hacer cuando conoce concretamente una información errónea que podría influir en la atención o en las decisiones de esa persona.
La fuente de la información no elimina el deber profesional
O’Connor compara la recomendación defectuosa de una IA con cualquier información incorrecta obtenida en un foro de internet, de una amistad o de una fuente no médica.
El origen tecnológico no transforma una afirmación equivocada en evidencia clínica. Pero tampoco necesariamente permite ignorarla cuando ha sido planteada durante la atención.
En otras palabras, la inteligencia artificial introduce un nuevo canal de desinformación sanitaria, pero el análisis del deber profesional podría continuar apoyándose en principios tradicionales: escuchar al paciente, corregir errores relevantes, advertir riesgos previsibles y documentar adecuadamente la actuación.
La historia clínica adquiere una nueva importancia
La recomendación de documentar la conversación constituye uno de los aspectos jurídicos más relevantes.
Una historia clínica suficientemente clara podría dejar constancia de:
- qué información aportó el paciente;
- qué herramienta dijo haber consultado;
- qué recomendación o diagnóstico recibió;
- por qué el profesional consideró que esa respuesta era incorrecta;
- qué explicación brindó;
- qué conducta médica indicó;
- y qué advertencias formuló frente a posibles riesgos.
La documentación no debería convertirse en una práctica defensiva vacía. Su principal función continúa siendo reflejar con precisión la evaluación clínica, la información transmitida y las decisiones adoptadas.
Sin embargo, en un eventual conflicto, también podría resultar decisiva para demostrar que el profesional no permaneció indiferente ante una recomendación automatizada potencialmente perjudicial.
¿Los chatbots son responsables por ejercer medicina?
La nota no afirma que todo chatbot que responde una consulta sanitaria esté ejerciendo ilegalmente la medicina ni que exista una regla uniforme de responsabilidad.
Por el contrario, destaca que la asignación jurídica de responsabilidades dependerá intensamente de los hechos de cada caso y probablemente requerirá años de litigios para adquirir mayor claridad.
Entre los factores que podrían adquirir relevancia se encuentran:
- el tipo de herramienta utilizada;
- su finalidad declarada;
- la forma en que fue publicitada;
- el grado de autonomía de la respuesta;
- la existencia de advertencias claras;
- la gravedad del error;
- la confianza razonable del usuario;
- la intervención posterior de un profesional;
- y la relación causal entre la información incorrecta y el daño.
Una advertencia que debe leerse en su contexto
Las declaraciones analizadas corresponden al debate jurídico estadounidense. No constituyen una sentencia judicial, una norma vinculante ni una regla automáticamente aplicable a otros países.
También debe aclararse que el artículo de MedCity News es la fuente primaria de las declaraciones realizadas a la periodista Katie Adams, mientras que Quarles & Brady publicó posteriormente una referencia institucional confirmando la participación de Meghan O’Connor en esa entrevista.
Por lo tanto, la nota debe interpretarse como una opinión jurídica especializada sobre un problema emergente, no como la descripción de un criterio jurisprudencial definitivamente consolidado.
El desafío que se aproxima para el derecho sanitario
La inteligencia artificial está modificando la relación médico-paciente incluso antes de integrarse formalmente en los sistemas hospitalarios.
Ya no es necesario que un centro de salud adopte una plataforma de IA para que sus efectos lleguen al consultorio. Basta con que un paciente consulte un chatbot desde su teléfono, confíe en su respuesta y actúe a partir de ella.
Ese fenómeno obliga a pensar nuevas pautas de prevención:
- formación de profesionales sobre respuestas médicas generadas por IA;
- protocolos para identificar y corregir información automatizada errónea;
- criterios uniformes de registro en la historia clínica;
- advertencias comprensibles para los pacientes;
- y reglas más claras sobre la responsabilidad de los desarrolladores.
La pregunta central ya no es solamente si una inteligencia artificial puede equivocarse. La cuestión jurídica decisiva será qué obligaciones nacen para cada participante cuando ese error ingresa en una relación asistencial y amenaza con producir un daño real.
Conclusión
Cuando un paciente confía en un chatbot más que en su médico, la responsabilidad no puede atribuirse automáticamente a una sola persona.
El desarrollador, el diseño del sistema, las advertencias ofrecidas, la conducta del usuario y la respuesta del profesional pueden integrar una cadena jurídica compleja.
Mientras los tribunales comienzan a definir estos límites, la recomendación más concreta para los profesionales de la salud es también la más prudente: no ignorar la información proveniente de la IA, corregir los errores clínicamente relevantes y documentar de manera clara la conversación mantenida con el paciente.