Un proyecto impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile permitirá analizar ofertas, verificar requisitos y proponer puntuaciones mediante agentes de IA. La iniciativa abre un debate jurídico sobre transparencia, igualdad entre oferentes, responsabilidad administrativa y control humano en las contrataciones del Estado.

La inteligencia artificial ingresa en una de las etapas más sensibles de la contratación pública

Chile avanza en el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial destinada a asistir a las comisiones encargadas de evaluar ofertas en licitaciones públicas.

El Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) anunció, el 9 de octubre de 2026, la adjudicación de un proyecto de investigación tecnológica denominado Puelche: Agent-Based AI for Public Procurement Evaluation, que desarrollará un sistema de agentes de inteligencia artificial para apoyar los procedimientos de contratación estatal.

La iniciativa se ejecutará junto al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana (SERVIU RM), con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El proyecto contempla una inversión total de 372 millones de pesos chilenos, de los cuales 237 millones corresponden a financiamiento de ANID, y tendrá una duración prevista de 24 meses.

Su particularidad radica en que no se limita a automatizar tareas administrativas: pretende intervenir como herramienta de asistencia en la evaluación sustantiva de las propuestas presentadas por los oferentes.

Sin embargo, existe una distinción jurídica fundamental: la inteligencia artificial no tendrá la decisión final sobre las adjudicaciones. Esa responsabilidad continuará correspondiendo a las comisiones evaluadoras.

¿Cómo funcionará el sistema?

Puelche utilizará una arquitectura de múltiples agentes de inteligencia artificial, organizados en seis módulos especializados.

El sistema estará diseñado para extraer información de los documentos presentados, verificar los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases de licitación, identificar los criterios de evaluación y proponer puntuaciones fundamentadas.

También incorporará herramientas de cumplimiento normativo, una interfaz para que los funcionarios revisen los resultados y mecanismos de trazabilidad que permitirán vincular las evaluaciones con sus documentos de origen.

Una de las características relevantes será su capacidad para registrar las intervenciones y facilitar posteriores auditorías.

Felipe del Río, director del proyecto, explicó que Puelche utilizará reglas explícitas de contratación pública para hacer interpretable y auditable su funcionamiento.

Esta característica resulta especialmente importante en procedimientos administrativos donde las decisiones deben ajustarse a criterios previamente establecidos y contar con fundamentos verificables.

Un problema que involucra millones de dólares

La contratación pública representa una parte significativa de la actividad económica del Estado chileno.

Según los antecedentes reunidos por el equipo del proyecto, durante 2024 las compras públicas movilizaron aproximadamente 17.640 millones de dólares mediante la plataforma Mercado Público.

Las licitaciones concentraron el 71,3 % de ese gasto.

El diagnóstico difundido por CENIA también señala que:

• Los procedimientos de compra tienen una duración promedio de 43,2 días.
• El 34,2 % supera los plazos previstos.
• Las demoras promedio de los procedimientos retrasados alcanzan los 18,4 días.
• Entre 2010 y 2024, las etapas de evaluación y adjudicación originaron el 62 % de los litigios vinculados con compras públicas.

Estos datos permiten dimensionar la importancia de mejorar la eficiencia de los procedimientos sin comprometer las garantías jurídicas que deben regir la contratación estatal.

El verdadero desafío: ¿puede una evaluación algorítmica garantizar la igualdad entre oferentes?

La incorporación de inteligencia artificial en los procedimientos de contratación pública plantea interrogantes que exceden la eficiencia tecnológica.

En el derecho administrativo, la evaluación de una oferta no constituye una operación meramente matemática.

Supone interpretar las condiciones establecidas en los pliegos, verificar antecedentes, ponderar documentación, aplicar criterios técnicos y económicos y fundamentar decisiones que pueden afectar derechos e intereses legítimos.

Cuando estas tareas reciben asistencia de sistemas algorítmicos, aparecen nuevas exigencias jurídicas.

La primera es la transparencia.

Los oferentes deben poder conocer los criterios utilizados para evaluar sus propuestas y, cuando corresponda, cuestionar los resultados mediante los procedimientos administrativos y jurisdiccionales disponibles.

La segunda es la igualdad de trato.

Un sistema de inteligencia artificial no debería introducir criterios discriminatorios ni favorecer injustificadamente determinadas propuestas.

La tercera es la motivación de las decisiones administrativas.

Una puntuación generada por inteligencia artificial no puede sustituir, por sí sola, la fundamentación jurídica exigible al órgano competente.

Finalmente, aparece la cuestión de la responsabilidad.

¿Quién debe responder cuando una recomendación algorítmica contiene errores que influyen en una decisión administrativa?

La respuesta exige examinar las competencias del organismo contratante, el grado de intervención humana, el funcionamiento del sistema y el régimen jurídico aplicable.

No resulta jurídicamente adecuado atribuir responsabilidad a un algoritmo como si fuera, por ese solo hecho, un sujeto de derecho.

El control humano como garantía institucional

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto chileno es que contempla mecanismos de supervisión humana.

Según informó CENIA, la validación se desarrollará en cuatro etapas.

Inicialmente se realizará un diagnóstico de los procedimientos existentes. Posteriormente, el sistema será evaluado utilizando licitaciones históricas.

En una tercera fase funcionará en paralelo a las comisiones evaluadoras, sin intervenir en las decisiones oficiales.

Finalmente, se desarrollará una experiencia piloto en la que los funcionarios podrán utilizar sus resultados como punto de partida para las evaluaciones formales.

Esta última etapa incluirá una auditoría algorítmica destinada a verificar los mecanismos de protección frente a sesgos y discriminación.

El objetivo es alcanzar un prototipo operacional que pueda utilizarse en organismos públicos, aunque su desempeño efectivo deberá comprobarse durante el proceso de validación.

Por lo tanto, no se trata de un sistema que actualmente adjudique licitaciones de manera autónoma, sino de un desarrollo tecnológico destinado a asistir a los responsables de esos procedimientos.