El Poder Judicial brasileño avanza en la incorporación de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de procesos. El Consejo Nacional de Justicia presentó a la abogacía Atalaia, una herramienta capaz de detectar patrones de litigios masivos y posibles prácticas abusivas. Al mismo tiempo, el Supremo Tribunal Federal sancionó un caso en el que se introdujeron comandos ocultos en una petición con el objetivo de influir sobre sistemas de IA de la Corte. Dos acontecimientos diferentes que exponen un mismo desafío: cómo incorporar inteligencia artificial a la Justicia preservando la supervisión humana, la lealtad procesal y las garantías de las partes.
La inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta externa que abogados y estudios jurídicos utilizan para investigar, resumir documentos o preparar escritos.
En Brasil, comienza a integrarse directamente en la infraestructura y en la gestión del Poder Judicial.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) presentó el 1 de octubre a representantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) el proyecto Atalaia, una herramienta que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos procesales para identificar patrones de litigios masivos y posibles situaciones de litigación abusiva en todo el país.
El encuentro tuvo un objetivo especialmente relevante: incorporar las observaciones de la abogacía al perfeccionamiento de la herramienta antes de profundizar su utilización.
Atalaia: mirar millones de procesos de manera conjunta
El diferencial de Atalaia está en la escala.
Según la información oficial del CNJ, el sistema puede analizar datos de procesos distribuidos en distintos tribunales e incluso en diferentes ramas de la Justicia brasileña.
La herramienta busca identificar patrones y similitudes entre procesos, partes, abogados y contenidos procesales.
Esto permite detectar relaciones que difícilmente serían advertidas mediante el análisis individual de expedientes.
Pero el CNJ hace una aclaración fundamental:
Atalaia no sustituye al juez.
La plataforma funciona como un sistema de apoyo a la decisión judicial y, de acuerdo con las reglas establecidas por el propio Consejo, no debe interferir en la autonomía de los magistrados ni reemplazar el análisis humano.
Cuando la herramienta fue presentada oficialmente en junio de 2026, el presidente del CNJ y del Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, explicó el criterio con una definición particularmente significativa:
“No sustituye al juez o a la jueza, sino que los empodera para decidir mejor”.
La traducción al español corresponde a la declaración publicada originalmente en portugués por el CNJ.
El principio es claro: la inteligencia artificial aporta información y capacidad analítica; la decisión continúa siendo humana.
La OAB pide cautela
La incorporación de una herramienta de esta magnitud también plantea interrogantes para la abogacía.
Durante la reunión del 1 de octubre, representantes de la OAB reconocieron el potencial de Atalaia para mejorar la gestión de datos procesales, pero señalaron la necesidad de actuar con cautela.
Walter José Faiad de Moura, presidente de la Comisión Especial de Defensa del Consumidor del Consejo Federal de la OAB, destacó que el perfeccionamiento del sistema debe producirse de manera equilibrada, teniendo en consideración las garantías procesales y los efectos que la herramienta pueda producir sobre la dinámica de las demandas judiciales.
La preocupación resulta especialmente relevante porque un sistema capaz de encontrar relaciones entre procesos, partes, abogados y documentos puede convertirse en una poderosa herramienta de gestión judicial.
Precisamente por ello, su funcionamiento, sus límites y la intervención humana adquieren una importancia central.
El CNJ informó que un nuevo encuentro está previsto para el 13 de octubre, cuando se presentarán las funcionalidades de Atalaia.
La otra cara de la IA judicial
Mientras Brasil desarrolla herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión de millones de procesos, otro episodio reciente mostró un problema completamente diferente.
El Supremo Tribunal Federal (STF) informó el 25 de septiembre que detectó lo que describió como la primera tentativa de utilizar comandos ocultos dentro de una petición judicial para intentar direccionar los sistemas de inteligencia artificial de la Corte hacia una decisión favorable a una de las partes.
El caso fue identificado en el Recurso Extraordinario con Agravio ARE 1608713.
Según la información oficial publicada por el STF, el relator, ministro Cristiano Zanin, dejó constancia del episodio en el expediente y aplicó una multa equivalente a dos salarios mínimos por violación del deber de lealtad procesal.
También determinó comunicar la situación a la Orden de Abogados de Brasil, para el análisis de una eventual infracción ético-disciplinaria, y al Ministerio Público Federal, para la investigación de una eventual conducta delictiva.
Es importante mantener la precisión jurídica: esas comunicaciones no equivalen por sí mismas a una declaración definitiva de responsabilidad disciplinaria o penal. Corresponde a los organismos competentes analizar esas cuestiones.
¿Qué es un comando oculto?
El episodio introduce en el ámbito judicial un concepto proveniente del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial.
Un documento puede contener instrucciones diseñadas para ser interpretadas por un sistema automatizado aunque no resulten evidentes para quien lo lee normalmente.
Cuando una IA procesa ese documento, esas instrucciones pueden intentar modificar o direccionar su comportamiento.
En el ámbito tecnológico, este tipo de técnicas se relaciona con problemas conocidos como prompt injection.
Trasladado al proceso judicial, el problema adquiere otra dimensión.
Ya no se trata solamente de determinar si un abogado puede utilizar inteligencia artificial para preparar un escrito.
La pregunta pasa a ser si alguien puede introducir deliberadamente instrucciones destinadas no al juez ni a la contraparte, sino al sistema de inteligencia artificial que eventualmente analizará el documento.
Un documento puede tener ahora dos lectores
Aquí aparece una transformación que merece especial atención jurídica.
Tradicionalmente, una presentación judicial está concebida para ser interpretada por personas: jueces, funcionarios, abogados y partes.
Con la incorporación de inteligencia artificial al sistema judicial aparece potencialmente otro lector:
la máquina.
Y aquello que resulta inocuo o invisible para una persona puede adquirir significado para un sistema automatizado.
Esto obliga a reconsiderar cuestiones vinculadas con la integridad documental, la transparencia, la trazabilidad y la lealtad procesal.
No significa que todos los documentos judiciales estén siendo evaluados automáticamente ni que cualquier instrucción oculta pueda efectivamente alterar una decisión.
El propio diseño institucional de Atalaia establece que la herramienta es de apoyo y que la decisión permanece bajo responsabilidad humana.
Pero el episodio detectado por el STF demuestra que la posibilidad de intentar influir sobre los sistemas de IA ya dejó de ser una hipótesis puramente teórica dentro del ámbito judicial brasileño.
La inteligencia artificial entra al proceso; la responsabilidad humana permanece
Para abogados, magistrados y operadores jurídicos, el desafío comienza a adquirir una nueva formulación:
no alcanza con saber utilizar inteligencia artificial. También será necesario comprender cómo interactúa la IA con los documentos, qué límites existen para esa interacción y cómo puede auditarse posteriormente lo ocurrido.
La tecnología puede cambiar.
Los principios de debido proceso, transparencia, responsabilidad profesional y control humano continúan siendo centrales.
Transparencia
Transparencia: Contenido elaborado a partir de fuentes oficiales, con asistencia de inteligencia artificial y revisión editorial. Radio Nodo IA puede utilizar IA y voces generadas o asistidas por IA en la producción de sus contenidos.