Un abogado usó ChatGPT en una apelación por homicidio: la IA inventó testigos y la Corte Suprema de Nuevo México lo sancionó
La Corte Suprema de Nuevo México declaró en desacato directo al abogado Stephen D. Aarons después de comprobar que un escrito presentado en una apelación penal contenía testimonios falsos, testigos completamente inventados y referencias jurídicas tergiversadas. El propio abogado reconoció ante el tribunal que había utilizado ChatGPT para preparar el escrito y que no verificó la información antes de firmarlo y presentarlo. La decisión vuelve a poner en primer plano una regla básica para el ejercicio profesional: utilizar inteligencia artificial no desplaza la obligación del abogado de verificar los hechos y el derecho que presenta ante un tribunal.
El caso
El episodio se produjo en State of New Mexico v. Oscar Renee Sandoval, expediente S-1-SC-40845, tramitado ante la Corte Suprema de Nuevo México.
El proceso principal es una apelación penal. La propia Corte identifica el expediente como una “Capital Appeal” e informa que entre las cuestiones sometidas originalmente a revisión se encontraban la suficiencia de la prueba, el derecho de confrontación de testigos, cuestiones probatorias y alegaciones de asistencia ineficaz de la defensa.
Sin embargo, antes de resolver el fondo de esos planteos, surgió un problema diferente: el escrito principal presentado por el abogado defensor contenía información que no correspondía al expediente real.
La Corte inició entonces de oficio un procedimiento para que el abogado explicara las aparentes falsedades.
El abogado reconoció que utilizó ChatGPT
La resolución judicial es particularmente clara.
Stephen D. Aarons, abogado de Oscar Renee Sandoval, reconoció tanto por escrito como durante una audiencia celebrada el 21 de agosto de 2026 que había utilizado ChatGPT para preparar el escrito principal de la apelación.
El problema jurídico no fue simplemente haber utilizado inteligencia artificial.
La Corte estableció que el abogado no verificó las afirmaciones fácticas ni las autoridades jurídicas contenidas en el documento generado con asistencia de IA antes de firmarlo y presentarlo.
Esa diferencia resulta fundamental.
La resolución no establece una prohibición general de utilizar herramientas de inteligencia artificial en la práctica jurídica. Lo que sanciona es presentar ante el máximo tribunal estatal información falsa sin comprobar previamente su exactitud.
Testigos que nunca existieron
La dimensión del problema surge directamente de la orden judicial.
Aarons admitió que el escrito contenía testimonios atribuidos a personas que la Corte calificó como “wholly fabricated witnesses”, es decir, testigos completamente inventados.
El tribunal individualizó cuatro nombres:
Officer Michelle Amarillo, Officer Sanchez, Manal Al-Jibury y Teresa Marquez.
Según la Corte, esas personas aparecían en el escrito como si hubieran proporcionado evidencia o testimonios relevantes para el caso, pese a que no existían como testigos en el expediente.
No se trató, por lo tanto, solamente de una cita judicial inexistente —un problema que ya se ha observado en otros casos de uso irresponsable de IA generativa—.
Aquí la información generada artificialmente penetró directamente en la reconstrucción de los hechos y de la prueba testimonial de una causa penal.
También se atribuyeron declaraciones falsas a testigos reales
La Corte encontró además otra categoría de errores.
El escrito atribuyó afirmaciones inexistentes a personas reales vinculadas al proceso.
La resolución menciona, entre otros ejemplos, falso testimonio atribuido a Danny Stanton, según el cual habría recibido amenazas del acusado y las habría tomado seriamente; y falso testimonio atribuido a Linda Stanton acerca de las amenazas que habría recibido su marido.
También se incorporaron afirmaciones incorrectas sobre la vestimenta y apariencia del autor de los disparos, atribuidas a testigos reales y a una persona que el propio tribunal determinó que había sido inventada.
Esto transforma el caso en un ejemplo especialmente grave del fenómeno conocido habitualmente como “alucinación” de los modelos generativos.
Una IA puede producir una respuesta lingüísticamente coherente y aparentemente verosímil sin que el contenido sea verdadero.
En un expediente judicial, esa característica puede tener consecuencias procesales y profesionales inmediatas.
También hubo problemas con las fuentes jurídicas
Las falsedades no quedaron limitadas a los hechos.
La Corte señaló que el escrito también tergiversó autoridades jurídicas, concretamente decisiones identificadas como:
State v. Lopez, 2005-NMSC-018, y
State v. Manus, 1979-NMSC-035.
Esto refuerza otra distinción relevante para los profesionales.
Un sistema de IA generativa puede equivocarse tanto al reconstruir hechos como al resumir jurisprudencia, identificar precedentes o explicar el contenido de una decisión judicial.
Por esa razón, la verificación debe realizarse directamente contra la fuente jurídica primaria.
La falta de verificación fue el núcleo del reproche
Uno de los pasajes más importantes de la resolución no se refiere a ChatGPT como tecnología, sino a la conducta profesional posterior.
El abogado admitió que no verificó las afirmaciones fácticas ni las autoridades jurídicas antes de firmar y presentar el escrito.
También reconoció que no informó a su cliente que el documento contenía múltiples tergiversaciones fácticas y jurídicas.
La Corte agregó que tampoco había informado al cliente acerca del procedimiento de show cause iniciado contra él ni le había entregado las presentaciones correspondientes a ese procedimiento.
Para el tribunal, la cuestión trascendió entonces el error tecnológico.
La resolución concluyó que el abogado había demostrado falta de arrepentimiento y falta de preocupación por su cliente.
Las sanciones
El 9 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Nuevo México dictó su decisión. Supreme Court of the State of New Mexico, State of New Mexico v. Oscar Renee Sandoval / In re Stephen D. Aarons, No. S-1-SC-40845, Dispositional Order of Direct Contempt, 9 de septiembre de 2026.
Las consecuencias fueron múltiples.
El tribunal declaró a Stephen D. Aarons en desacato directo.
Remitió además el asunto al Disciplinary Board, el organismo competente para considerar eventuales consecuencias disciplinarias adicionales.
Mientras se encuentre pendiente ese procedimiento, Aarons quedó impedido de comparecer ante la Corte Suprema de Nuevo México.
La Corte también ordenó eliminar del procedimiento todos los escritos presentados hasta ese momento vinculados con la apelación y dispuso que la Law Office of the Public Defender designe un nuevo abogado para representar a Oscar Renee Sandoval.
Finalmente, impuso a Aarons una sanción económica de USD 5.000, que deberá pagar al State Bar of New Mexico Client Protection Fund dentro de los treinta días de la resolución.
El caso de Nuevo México muestra con particular crudeza qué ocurre cuando una herramienta diseñada para generar lenguaje es tratada como si fuera una fuente documental autónoma y confiable.
La IA puede ser una herramienta de asistencia extraordinariamente poderosa.
Pero cuando el resultado afecta derechos, procesos judiciales o decisiones profesionales, la supervisión humana no es una formalidad: es parte esencial de la responsabilidad profesional.