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Un fallo en la redacción de una ley tributaria impulsó nuevas medidas para mejorar el proceso legislativo mediante inteligencia artificial
Estonia, uno de los países más avanzados del mundo en materia de gobierno digital, convirtió un error de técnica legislativa en una oportunidad para acelerar la incorporación de inteligencia artificial en la elaboración y revisión de normas.
El caso se originó tras la aprobación de una reforma a la Ley del Impuesto sobre el Juego, cuyo objetivo era reducir progresivamente la carga tributaria sobre el juego remoto. Sin embargo, la redacción definitiva de la norma omitió la referencia a los juegos de azar y mantuvo únicamente la mención a los juegos de habilidad, lo que dejó temporalmente fuera del régimen tributario a los operadores de casinos en línea.
Las autoridades estimaron que, de mantenerse vigente esa redacción durante todo el año, el Estado podría dejar de percibir aproximadamente 24 millones de euros en ingresos fiscales.
El Parlamento actuó para corregir la norma
Tras detectarse el error, el Riigikogu, Parlamento de Estonia, aprobó una enmienda correctiva que restableció la tributación del juego remoto.
La modificación fijó nuevamente una tasa uniforme del 5,5 % para las modalidades de juego comprendidas en la legislación y estableció su entrada en vigor a partir del 1 de marzo de 2026, restableciendo la intención original del legislador.
El episodio también generó consecuencias institucionales. La gestión del proceso legislativo fue objeto de revisión y un asesor parlamentario perdió su cargo tras la investigación administrativa derivada del caso.
Inteligencia artificial para mejorar la calidad normativa
Más allá de la corrección legislativa, el episodio impulsó un debate más amplio sobre el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la producción normativa.
El Gobierno estonio sostiene que herramientas basadas en IA pueden colaborar en la detección temprana de:
- errores de redacción;
- referencias normativas incorrectas;
- contradicciones entre disposiciones legales;
- inconsistencias técnicas;
- errores de cálculo y fechas incompatibles.
El objetivo no consiste en reemplazar el trabajo legislativo, sino en incorporar mecanismos de asistencia que permitan detectar errores antes de la aprobación definitiva de las leyes.
Una estrategia nacional de transformación digital
La iniciativa se integra dentro de Eesti.ai, la estrategia impulsada por el Gobierno de Estonia para ampliar el uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública y aumentar la productividad del país hacia 2035.
Como parte de esa política, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley que habilita a los organismos estatales y a las administraciones locales a utilizar soluciones digitales, incluida la inteligencia artificial, para automatizar determinados procedimientos administrativos, siempre bajo un marco jurídico que preserve la supervisión humana cuando las decisiones requieran valoración o discrecionalidad.
La supervisión humana continúa siendo indispensable
Las autoridades estonias han reiterado que la inteligencia artificial debe actuar como herramienta de apoyo y no como sustituto de la función pública.
La orientación del proyecto distingue entre decisiones regladas, susceptibles de automatización cuando la ley determina objetivamente el resultado, y aquellas que requieren apreciación jurídica o valoración de circunstancias particulares, casos en los cuales la intervención humana permanece como requisito esencial.
Asimismo, la propuesta contempla mecanismos de trazabilidad, registro de las decisiones automatizadas y la posibilidad de revisión por parte de funcionarios cuando un ciudadano cuestione el resultado obtenido mediante procesos automatizados.
Un caso con proyección internacional
El episodio demuestra que incluso los Estados con mayor nivel de digitalización pueden enfrentar errores de técnica legislativa con importantes consecuencias económicas.
Al mismo tiempo, refleja una tendencia creciente en distintos países: utilizar la inteligencia artificial como instrumento de apoyo para fortalecer la calidad normativa, mejorar la coherencia de los textos legales y reducir el riesgo de errores materiales antes de la promulgación de las leyes.
La experiencia de Estonia trasciende el ámbito tributario. Constituye un caso paradigmático sobre cómo la inteligencia artificial puede incorporarse al ciclo de producción normativa como herramienta de control de calidad, sin desplazar la responsabilidad institucional de los poderes públicos.
Para los sistemas jurídicos de América Latina, donde la complejidad legislativa y las frecuentes reformas incrementan el riesgo de inconsistencias normativas, el modelo estonio abre una línea de reflexión sobre el potencial de la IA para asistir a parlamentos, ministerios y organismos técnicos en la revisión preventiva de proyectos de ley.
La experiencia también reafirma un principio fundamental: la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la calidad de la legislación, pero la responsabilidad final sobre el contenido de las normas continúa correspondiendo a las instituciones democráticas y a quienes ejercen la función legislativa.